Fiscalía de Ñuble obtiene prisión preventiva para abogadas formalizadas por asociación criminal en Los Ángeles
Se trata de las abogadas de libre ejercicio de la profesión, Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes fueron derivadas al penal Biobío, en Concepción
La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y su equipo investigativo obtuvieron la prisión preventiva para dos abogadas de Los Ángeles, en el marco de una investigación por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.
Se trata de las abogadas de libre ejercicio de la profesión, Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes fueron derivadas al penal Biobío, en Concepción.
La magistrada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Claudia Aguilera González, dio por acreditados, en el caso de ellas, los delitos de asociación criminal, obstrucción a la investigación, acceso indebido a sistemas informáticos y prevaricación del abogado.
A ellas se suma el exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de la imputada Susana Cortés), quien fue formalizado por revelación de secreto y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.
Un cuarto formalizado en esta investigación, el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, había quedado el martes con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Nelson Sáez está formalizado por cohecho reiterado.
Respecto de la asociación criminal, las abogadas formalizadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, que fallaba en favor de sus intereses.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía, lo que favoreció a sus esposas en las defensas de sus clientes.
También se expuso que ambas abogadas advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.
Tanto la magistrada como el fiscal imputado en esta causa, no fueron formalizados en esta oportunidad, pues para pedirles medidas cautelares es necesario que la I. Corte de Apelaciones de Concepción apruebe una querella de capítulos en su contra, explicó la Fiscal Regional, Nayalet Mansilla.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó tres meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que se realiza con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.
