Partido Social Cristiano valora rechazo del proyecto que modifica la Ley Zamudio

Los parlamentarios del PSC aseguran que las modificaciones de este proyecto amenazan con coartar la libertad de pensamiento y expresión, al imponer restricciones injustas a aquellos que se atreven a pensar de manera distinta

Este martes, la Cámara de Diputados discutió el proyecto que modifica la Ley Antidiscriminación, en honor a Daniel Zamudio, joven de 24 años que fue asesinado en un ataque homofóbico en Santiago durante el año 2012. La moción fue rechazada por la totalidad de la oposición, específicamente con 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones.

Al respecto, la presidenta del Partido Social Cristiano, diputada Sara Concha, señaló que ‘rechazamos totalmente esta iniciativa e hicimos reserva de constitucionalidad, porque esta ley, concebida para proteger los derechos de todos los ciudadanos, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de discriminación en sí misma, especialmente para aquellos que tenemos creencias y opiniones diferentes’.

Asimismo, la diputada Francesca Muñoz agregó que ‘quienes impulsan este proyecto, bajo la consigna de terminar con la discriminación, terminan amordazando a otros y limitando las libertades, de expresión, de conciencia y de culto. Estamos de acuerdo en que hay que avanzar en sociedades más respetuosas y educadas, pero este proyecto establece medidas sobredimensionadas que vienen a coartar libertades y de manera dictatorial’.

Por su parte, el parlamentario Roberto Arroyo sentenció que ‘este proyecto presenta serias falencias en su diseño que pueden llevar a abusos judiciales, interpretaciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas. En lugar de modificar la ley existente, se debería enfocar en mejorar la implementación de las actuales disposiciones legales, asegurar claridad en las definiciones y proporcionar los recursos necesarios para una verdadera lucha contra la discriminación’.

Finalmente, la timonel del partido enfatizó que ‘la Ley de Culto se verá socavada por disposiciones que favorecen un único punto de vista y criminalizan cualquier expresión que no se alinee con él. Por lo que estas modificaciones ponen en peligro los programas y servicios vitales que la Iglesia ha desarrollado durante años para ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad, así como en la rehabilitación de drogas y reinserción de personas en cárceles’.