ANEF y CUT rechazan recorte presupuestario al INJUV y denuncian eventual cierre del servicio
Presidenta de la Mesa del Sector Público en Ñuble informó que disminución del 47 por ciento de los recursos del INJUV derivaría en la desvinculación del 75 por ciento de sus trabajadores a partir del 30 de mayo
Dirigentes sindicales de la Región de Ñuble manifestaron su rechazo a la reducción presupuestaria que afecta al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), acusando que la medida podría significar el cierre de la institución y el despido masivo de funcionarios.
Durante una vocería pública, representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la CUT y la Federación Nacional de Asociaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FENAMIA) expresaron su preocupación por los decretos emanados desde Hacienda, particularmente el decreto 336 y el oficio número 16.
Lissette Luarte, presidenta de la mesa del Sector Público en Ñuble informó que la rebaja presupuestaria implicaría una disminución del 47 por ciento de los recursos del INJUV, lo que derivaría en la desvinculación del 75 por ciento de sus trabajadores a contar del 30 de mayo. De esta manera el INJUV quedaría con solo 45 funcionarios.
La dirigente señaló que ‘desde la Mesa del Sector Público, de la CUT y desde FENAMIA, que también represento, que son los servicios asociados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estamos en contra del cierre de esta institución y seguiremos apoyando a cada uno de los compañeros para que se revierta esta medida’.
La presidenta regional de la ANEF, Cesiah Contreras, afirmó que la decisión ‘significa terminar con una institución pública por decreto, sin diálogo’, agregando que cerca de 135 funcionarios quedarían sin empleo.
Las dirigentas recordaron que la Ley de Presupuestos 2026 contemplaba una glosa que establecía un proceso de reestructuración del servicio en conjunto con los funcionarios, y no su eliminación. Asimismo, advirtieron que el cierre del INJUV afectaría directamente la implementación de políticas públicas dirigidas a jóvenes, especialmente en materias como salud mental, convivencia escolar y apoyo social.
Desde las organizaciones sindicales también extendieron sus críticas a otros servicios públicos, mencionando eventuales recortes en áreas como Educación, SENCE, JUNJI y programas de niñez.
Contreras sostuvo que los servicios públicos solo pueden crearse o eliminarse mediante una ley debatida en el Congreso Nacional, por lo que cuestionó que estas decisiones se adopten por la vía administrativa.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno a reponer los recursos comprometidos hasta fin de año y a los parlamentarios a abrir una discusión democrática sobre el futuro del INJUV y otros programas sociales.
