Diputado Felipe Camaño solicita medidas concretas para frenar violencia escolar en el país
‘Las agresiones a docentes se han vuelto más frecuentes. Sólo en 2025, la cifra asciende a 22.680 denuncias, donde el 75 por ciento de ellas corresponden a denuncias por violencia de acoso escolar’, dijo el parlamentario
El parlamentario ñublensino en su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que se deben tomar medidas para frenar los episodios de violencia en los establecimientos educacionales del país.
‘La violencia no se puede instalar en los establecimientos de educación de nuestro país. Las agresiones a docentes se han vuelto más frecuentes. Sólo en 2025, la cifra asciende a 22.680 denuncias, donde el 75 por ciento de ellas corresponden a denuncias por violencia de acoso escolar’, expresó el Diputado Felipe Camaño en su intervención parlamentaria en la sesión donde se revisaban medidas de seguridad, orden y respeto para las comunidades educativas.
Recordemos que el parlamentario ya ha solicitado tanto al Ministerio de Educación como a la Seremi del ramo de la región de Ñuble conocer en detalle los diversos planes preventivos que tengan como objeto combatir esta situación y dar mayor tranquilidad a las comunidades escolares.
‘Hay que cortar de raíz con mano dura todo lo que exponga la integridad física y psicológica de nuestros alumnos, profesores y comunidad educativa en general. Nosotros en el Congreso precisamente tenemos que hacernos cargo de la realidad de los fenómenos sociales que están afectando a nuestro país y tenemos tomar decisiones que a veces son duras’, precisó el parlamentario.
Cabe mencionar que el gobierno presentó dos proyectos de ley que buscan mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educativos. El primero propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales, mientras que la otra iniciativa denominada ‘Escuelas Protegidas’, posee un enfoque preventivo para proteger a las comunidades educativas de actos delictivos.
