El Colegio de Profesores y Asistentes de la Educación declaran alerta máxima por proyecto de presupuesto del sector
Amenaza de despidos masivos y llamado urgente a parlamentarios para frenar una ‘cláusula maldita’ que ajusta dotación docente a la baja
La comunidad educativa chilena se encuentra en pie de guerra tras la revelación de una controversial cláusula dentro del Proyecto de Presupuesto en Educación que actualmente se debate en el Parlamento, la cual podría generar un ajuste masivo de personal y despidos en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Manuel Chávez, Presidente del Colegio de Profesores, expresó su ‘alarma’ ante el proyecto, refiriéndose específicamente a una disposición que, a su juicio, califica como una ‘cláusula maldita’.
La cláusula en cuestión, según Chávez, ‘obliga’ a los directores ejecutivos de los SLEP a ajustar la dotación docente y de asistentes de la educación a un máximo de horas y trabajadores establecido en el mismo presupuesto.
‘Esto implica que hoy día, en base a lo que los economistas manejan, que es dinero versus matrícula, tendríamos alrededor de 50 profesores en el caso de un SLEP local, como el Punilla Cordillera, ejemplificó, y si lo ampliamos a nivel nacional, una cantidad mayor porque esto afectaría a todos en el país’, advirtió el dirigente.
Lo más grave es el ultimátum que la ley impone a los directores ejecutivos: si no realizan este ajuste entre la publicación de la ley y el inicio del año escolar en marzo, serán despedidos por incumplimiento de deberes. ‘O sea, esto o sí o sí, lo hacen o se van’, sentenció Chávez.
Amenaza de movilización y presión al Congreso
Ante este escenario, los gremios no están dispuestos a ceder. El Colegio de Profesores y la Coordinadora de Defensa de la Educación Pública anunciaron una serie de acciones inmediatas:
-Reunión con Parlamentarios: Exigirán a los diputados que no aprueben la cláusula si esta no es retirada del proyecto.
-Movilización Callejera: El dirigente advirtió que, de no revertirse la situación, los trabajadores de la educación se verán ‘nuevamente obligados a ir a las calles’, a pesar de comprender el derecho de los estudiantes a estar en sus escuelas.
‘El llamado a los parlamentarios, a los cinco diputados que hoy día están vigentes, que hoy día andan en las campañas, es a que se presenten en el Parlamento a rechazar este tipo de cláusula’, enfatizó Chávez.
Conflicto interno en el Gobierno
El Presidente del Colegio de Profesores también señaló que, si bien están en conversaciones con el Gobierno a nivel nacional, existe un ‘problema mayúsculo’ interno.
‘Yo entiendo que ellos (el Gobierno), por lo menos a través del Ministerio de Educación, no están de acuerdo con esto. No sé de dónde surgió, hay un problema interno grande que esperamos lo resuelvan y una vez que lo resuelvan, retiren esto del Parlamento’, explicó.
Finalmente, Chávez cuestionó la falta de justificación para esta medida, señalando que el presupuesto de educación no se aumenta, sino que se mantiene, por lo que ‘no se justifica que lo rebajen, es hacer un problema a la educación pública para variar que es absolutamente innecesario’.
Asistentes de la Educación
Por su parte el dirigente nacional de los Asistentes de la Educación, Miguel Gaete De la Fuente, señaló que esto es para ellos también una preocupación ‘porque además nosotros somos diversos, hay profesionales, hay técnicos, hay administrativos, auxiliares y no se sabe cuál es el sector que en definitiva afectaría’.
Gaete precisó que dentro del estatuto del gremio no está como causal de despido el problema presupuestario, de manera que eso ellos lo van a hacer valer de todas maneras. ‘No corresponde’, dijo. ‘Se mantuvo la forma de financiar y mientras eso sea así, va a ser imposible tener un plan anual que esté financiado. La ley 21.040 es clara, pero nosotros los trabajadores también tenemos claro de lo que se trata esto, lo sabíamos, no era nuestro objetivo tener esta ley, la 21.040, como una forma de solucionar el problema de educación pública, pero estamos en los primeros pasos, vamos a ir al Parlamento por supuesto, vamos a procurar revertir esto’.
Ambos dirigentes coincidieron en señalar que ‘esta modificación o este imperativo categórico que le ponen a los directores de los servicios locales no es necesario porque el presupuesto de educación no se aumenta, se mantiene, ‘entonces lo que ahora se pretende es rebajar, o sea, si mantuviera la glosa tal como está, no habría ningún problema. Entonces no se justifica que lo rebajen, es hacer un problema a la educación pública, para variar, que es absolutamente innecesario.
